Avanza la regulación del uso civil de los drones

Hasta hace algunos años, cuando escuchábamos hablar de drones, su uso estaba exclusivamente ligado a la actividad militar en los conflictos bélicos en Medio Oriente y la lucha contra el terrorismo. Sin embargo, la aplicación de esta tecnología se ha expandido a otras actividades más allá de las militares. Hoy los drones se utilizan en la observación del tránsito, el monitoreo de zonas de catástrofes, la búsqueda y el rescate en situaciones de emergencia, la recolección de datos y su procesamiento, el transporte de mercadería e incluso para esparcimiento.

Como ocurrió en otros casos, este avance de la tecnología no siempre estuvo acompañado con una consecuente regulación y protección legal. Hasta hace algunos días los vehículos aéreos no tripulados (VANT), genéricamente denominados "drones", eran uno de esos casos. Pero, a partir de la publicación en el Boletín Oficial de la resolución 527, la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), autoridad encargada de regular la actividad aeronáutica en nuestro país, ha establecido un primer marco normativo con el objetivo de "lograr y conservar el nivel uniforme de seguridad operacional más elevado posible", que en el caso de los VANT se traduce en velar por la seguridad operacional del espacio aéreo, así como la seguridad de las personas y los bienes en superficie.

Según los motivos de esta resolución, su creación surge "como consecuencia de la carencia de una norma internacional dictada por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) en esta materia", lo que repercute en la falta de una normativa interna específica. Sin embargo, esta vacancia normativa no fue impedimento "para el desarrollo de la industria nacional al respecto, mucho menos, su comercialización y uso, tanto con fines recreativos como comerciales".

El reciente reglamento se dictó de carácter provisorio hasta tanto simultáneamente "se desarrollen las normas y métodos recomendados a nivel internacional en el ámbito de la OACI". Esta organización es la que actualmente se encarga de regular las operaciones de drones para usos civiles.

Cabe destacar que el actual Código Aeronáutico argentino no contiene normas de aplicación específica a los drones. Por eso, esta resolución, conjuntamente con la disposición 20/2015 de la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales (DNDPDP) sobre las condiciones de licitud para la recolección de datos personales a través de VANT, dictada en mayo pasado, son un avance por parte del Estado nacional para suplir un vacío legal frente al desarrollo que han tenido estos dispositivos en la vida cotidiana de la sociedad.

El uso de drones civiles para fines comerciales, deportivos, recreativos y civiles en general es una actividad en constante desarrollo. En la actualidad pocos Estados cuentan con reglamentación específica en la materia, pero es indudable la necesidad de un marco normativo que permita el crecimiento de esta industria y proteja a los usuarios y a los terceros que puedan verse afectados.

Resaltamos, de la resolución 527, la clasificación que realiza de los drones por su peso y por su capacidad de autonomía de vuelo. Otro aspecto es la delimitación de las alturas mínimas y máximas para operar. Asimismo, se especifica la necesidad de registro de estos vehículos junto con la obligación del piloto de contar con un certificado de idoneidad. Por último, se establece un régimen especial para drones pequeños de finalidad recreativa. En este último caso, podrán ser operados por mayores de edad (18 años) o menores (mayores de 16 años) con supervisión y bajo responsabilidad de un adulto.

En efecto, la regulación aeronáutica está tratando de ponerse a la altura de los avances tecnológicos que alcanzan un uso cotidiano cada vez más relevante, como sucede con los drones, imponiendo ciertos límites y obligaciones para evitar caer en vacíos legales.

Fuente: infobae